El Gobierno español avanza con un nuevo proyecto de ley que podría transformar radicalmente el mercado de alquiler turístico en el país. Impulsada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la iniciativa fue registrada en el Congreso de los Diputados y busca enfrentar tres desafíos centrales: el aumento de pisos turísticos, la compra especulativa de inmuebles por parte de extranjeros no residentes y la escasa oferta de alquiler a precios asequibles.

La propuesta llega en un momento clave, con el mercado inmobiliario tensionado por la presión del turismo y los elevados precios de los alquileres en ciudades y destinos costeros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que el proyecto representa una “respuesta legal concreta” al que definió como un “SOS habitacional”, y remarcó que se trata de un compromiso asumido por el presidente Pedro Sánchez a comienzos de este año.

El texto, que fue elaborado por el grupo parlamentario socialista junto a técnicos del Ministerio de Vivienda, incluye medidas fiscales, regulatorias y administrativas que apuntan tanto al control de la actividad turística como al estímulo de viviendas permanentes en alquiler.

Más impuestos para pisos turísticos y compradores extranjeros

Uno de los ejes principales del proyecto es el control del crecimiento de los pisos turísticos, que según el Gobierno, ha sido “desregulado” y ha impactado de forma negativa en la disponibilidad de viviendas para residentes. En ese sentido, se destacan tres medidas clave:

• Aumento del IVA al 21 % para los pisos turísticos, con el fin de que tributen como actividad económica formal, similar a hoteles u otros alojamientos del sector.
  
  

• Creación de un nuevo impuesto estatal para compradores extranjeros no residentes, especialmente en zonas de alta demanda como las costas y las grandes ciudades, con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria.
  
  

• Reclamación de acciones a los municipios, con énfasis en el Ayuntamiento de Madrid, al que se le exige actuar contra las más de 15.000 viviendas turísticas ilegales detectadas en la capital.
  
  

Rodríguez insistió en que los gobiernos locales deben colaborar activamente con el Estado para recuperar oferta habitacional y contener el avance del turismo residencial no regulado.

Beneficios fiscales para quienes alquilan a precios accesibles

El otro gran capítulo del proyecto se centra en la promoción del alquiler asequible, a través de una batería de reformas fiscales y administrativas. Entre ellas, se destacan:

• Reforma del régimen fiscal de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), que verán incrementado su impuesto de sociedades del 15 % al 25 %, salvo que destinen sus inmuebles al alquiler a precio razonable.
  
  

• Aumento de la presión fiscal sobre viviendas vacías, para incentivar su ingreso al mercado de alquiler.
  
  

• Extensión de las bonificaciones del IRPF a propietarios que alquilen en zonas no declaradas tensionadas, ampliando el universo de viviendas con incentivos para el alquiler accesible.
  
  

• Modificación de la Ley del Patrimonio Público, estableciendo límites permanentes al precio de venta de las viviendas construidas por SEPES (Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo), a fin de preservar su rol social.
  
  

• Cesión de terrenos públicos a SEPES y facilitación de convenios con desarrolladores privados, para impulsar la construcción de vivienda pública asequible.
  
  

Debate abierto en el oficialismo

El proyecto también generó críticas internas dentro del propio bloque oficialista. Desde Sumar, socio de coalición del PSOE, el diputado Alberto Ibáñez cuestionó la inclusión de beneficios fiscales a propietarios privados, argumentando que la vivienda “no puede seguir tratándose como un bien de mercado”. Pese a ello, valoró positivamente otras medidas, como el nuevo impuesto a los pisos turísticos y el endurecimiento fiscal a los inversores.

Ahora, el texto debe transitar el circuito parlamentario, y el Gobierno necesitará tejer alianzas para garantizar su aprobación. Mientras tanto, el debate sobre el acceso a la vivienda en España sigue encendido, con un foco especial sobre el impacto del turismo y la necesidad de equilibrar el desarrollo del sector con el derecho de los residentes a un techo digno.