En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Comité Ejecutivo de F.E.H.G.R.A, los Presidentes de las 63 Filiales y los Coordinadores Regionales expresan alta preocupación por la situación de profunda inequidad que la aparición expansiva de los Alojamientos Informales ha desencadenado, así como la demora en lograr una solución legislativa para la temática de los Derechos Intelectuales, aspectos ambos que han contribuido a potenciar la pérdida de rentabilidad de las empresas.

F.E.H.G.R.A reitera una vez mas que no pretende impedir el alquiler de viviendas para uso turístico, sino que es necesario que compitan en el mercado de Viajes y Turismo de la Argentina con las mismas reglas de juego a las que está sujeta y con las que debe competir la oferta de Alojamientos legalmente establecida, habilitada y categorizada por los organismos pertinentes.

F.E.H.G.R.A solicita a las administraciones Provinciales y Municipales, como también al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y a la AFIP que no eximan a cientos de miles de plazas de alojamientos informales que, en su gran mayoría, son alquiladas a través de portales de INTERNET, de cumplir las obligaciones fiscales, laborales, mercantiles y de seguridad, higiene o protección al consumidor, que sí se exigen a todos los establecimientos turísticos reglados con independencia de su tipología y categorización. 

F.E.H.G.R.A advierte de los graves perjuicios por la falta de regulación que pone en crítica situación a las empresas que representamos, causando un daño irreparable al empleo, una de las mayores fortalezas de la industria de la hospitalidad.

Ante la muy restrictiva regulación que ya está vigente en otros destinos turísticos mundiales afectados por situaciones semejantes, F.E.H.G.R.A apela a que el Gobierno Central, los Partidos Políticos, el Poder Legislativo Nacional y las Administraciones Provinciales y Municipales comprendan que es fundamental el diálogo permanente y el trabajo común de todas las partes involucradas, impulsando a la brevedad: 

Promover con visión de Estado un nuevo marco legal más homogéneo e integral y coordinado con las Provincias y Municipios, que deberían detectar mayores competencias para ordenar y supervisar con rigor la evolución creciente de esta pandemia de los alojamientos informales.

La expansión de los alojamientos informales en todas sus modalidades ha puesto de manifiesto una suerte de “hotelización” de los mismos y por ello debe incluirse su calificación en materia de edificación, sujeta a los mismos requisitos inherentes a los establecimientos de pública concurrencia, en materia de seguridad y protección.

Impulsar la aplicación del mismo marco impositivo para los alojamientos informales.

Impulsar y sancionar la “no neutralidad y obligada corresponsabilidad de las plataformas P2P” (es decir, dispositivos que conectan directamente personas con personas) en cumplir con la legalidad vigente, sobre la oferta de viviendas que proactivamente intermedien o publiciten.

Solicitar que los sitios – plataformas que actúan como difusores y/o comercializadores de oferta de alojamientos se inscriban como agentes de viajes.

Exigir la aplicación de los mismos protocolos de seguridad nacional a los alojamientos informales como el exigido a los legalmente establecidos, instituyendo un acuerdo de cumplimiento inmediato con las plataformas P2P (dispositivos que conectan directamente personas con personas).

Reiterar en materia de derechos intelectuales y ante el Poder Legislativo la pronta adecuación de la norma vigente que permita, en base a pautas objetivas de razonabilidad y equilibrio de los derechos e intereses de los involucrados, la solución justa de la problemática.

Asegurar un conjunto de garantías mínimas para el turista / huésped / consumidor: seguros de responsabilidad, señalización, plan de emergencias, derechos de información (inscripción en registro, precios, placas, libro de reclamos, protección de datos, información equipamientos, etc.).

Exigir y detallar un mínimo de dotaciones de calidad básica en los alojamientos informales relacionado a limpieza y estado de las instalaciones.

Asegurar que se contemple el conocimiento y aprobación previa de los vecinos acerca de la existencia de departamentos que se destinen al alquiler turístico temporario.

 

Exigir una licencia de actividad económica y establecer una zonificación / contingencia para determinar donde se pueden ofrecer distintos servicios de alojamiento turístico para no lesionar la convivencia, la capacidad de carga y el deterioro del entorno e imagen externa del destino.