El fallo sin dudas es inédito, ya que sienta precedentes para cualquier episodio similar que ocurra en adelante. A raíz del episodio que el 30 de mayo dejó varadas a unas 600 personas en Mendoza, la Cámara Federal de Apelaciones dispuso que la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) instrumente el modo en que las empresas deberán indemnizar a los afectados, que según la ley de Defensa del Consumidor puede equivaler, como máximo, al valor de 5 Canastas Básicas del Indec. 

El fallo, firmado por los integrantes de la Sala B de la Cámara, Hugo Echegaray, Roberto Naciff, y Juan Antonio González Macías, hizo lugar a una apelación de la asociación de defensa del consumidor Protectora contra una cautelar de la Justicia Federal mendocina.

De ese modo, encomienda al ente regulador del transporte a cuantificar la compensación económica correspondiente a cada usuario por parte de las empresas prestatarias del servicio y “obligar a éstas a resarcir, hasta el valor máximo que indica el art. 40 bis de la ley 24.240”.

Pero además, en esa línea, fija  la modalidad para reclamar la indemnización. Y el “deber de informar a través de los medios de comunicación y personalmente”, tanto “el lugar en cada uno de los destinos frustrados y horarios” como “fechas para hacer los reclamos, la documentación de la que deberán munirse y plazo para recurrir el acto administrativo que estime la cuantía del daño a indemnizar”.

No obstante, el dictamen aclara que lo que el proveedor pague en concepto de daño directo “será deducible de otras indemnizaciones que por el mismo concepto pudieren corresponder”.

El hecho que sustenta la causa se remonta a principios de mayo de 2013, cuando la UTA (Unión Tranviarios Automotor) a nivel nacional dejó varados a miles de viajeros en terminales de ómnibus de todo el país, incluida la Terminal del Sol, en Mendoza. Pero la falta de respuesta inicial a un reclamo ante la oficina local de la Comisión Reguladora del Transporte motivó el recurso judicial.

“Pedimos que tomara cartas en el asunto, ya que las empresas habían cerrado ventanillas de atención al público en todas las terminales, y los pasajeros estaban literalmente varados. Y constatamos, con un escribano, que tanto en Rosario, Buenos Aires como en  Mendoza efectivamente la CNRT no dio atención”, reseñó José Luis Ramón, apoderado de Protectora.

El planteo siguiente fue pedir intervención a la Justicia Federal para que ordenara a la Comisión “establecer un sistema de emergencia, determinará el daño directo y procedimiento para su reclamo”.

Al rechazo del juez interviniente siguió la apelación ante la Cámara, para “que resolviera lo que consideramos una barbaridad. En el mundo la gente es transportada por líneas aéreas y se activan mecanismos para asegurar su integridad por parte de la compañía y entes de control. Pero aquí nada de eso ocurrió”.