Palma de Mallorca, referente turístico español, impedirá a los propietarios alquilar su vivienda a turistas en toda la ciudad, sin excepción. Esta es la drástica medida que propone el Ayuntamiento de la ciudad para acabar con un negocio que, hasta ahora, ha sido siempre lícito, pero que ha crecido en los últimos años gracias a la aparición de plataformas como e Airbnb o HomeAway, entre otras.

El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Antoni Noguera, explicó que propondrá la prohibición a sus socios del equipo de gobierno para su aprobación definitiva en próximas fechas. 

Noguera, advirtió además de que "el próximo verano, esté o no aprobada la zonificación turística que debe realizar el Ayuntamiento, el alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares estará prohibido y los propietarios que lo practiquen se expondrán a unas multas de 40.000 euros".

El Consistorio es que el alquiler turístico dificulta el acceso a la vivienda, obligando a los trabajadores de temporada que llegan a la isla a tener que buscar alquiler en el interior, debido a los elevados precios que existen en la costa. 

Aunque el Gobierno autonómico que preside la socialista Francina Armengol está elaborando una normativa para regular la oferta de pisos turísticos según las zonas de cada isla, el Ayuntamiento de Palma ha preferido no esperar y opta por la prohibición total en la ciudad de cara al inicio de la temporada veraniega.

Así, a partir del verano no se podrá alquilar para turistas apartamentos que no estén autorizados, pero tampoco los que estén en un edificio de viviendas para vecinos. Sólo podrán hacer contratos, como mínimo, de dos meses. 

Esta medida también persigue cortar otra progresión: según el Ayuntamiento, los alquileres han subido en la ciudad un 40 por ciento. Actualmente hay más de 3 mil inmuebles dedicados al turismo, el 90 por ciento de ellos, ilegales. El Consistorio anuncia que será contundente y las multas pueden llegar hasta los 40 mil euros.

Para Almudena Ucha, CEO de Rentalia, el portal de alquiler vacacional del grupo idealista, “resulta chocante la decisión del Ayuntamiento de Palma de prohibir el alquiler turístico a partir del verano, principalmente porque la ley turística balear ya contempla esta prohibición e incluso multas superiores, de 40.001 a 400.000 euros, a las que anuncia el consistorio. Parece que el Ayuntamiento quiere reforzar esa prohibición a la vez que amedrentar a los propietarios de viviendas turísticas de cara a la próxima temporada de verano”, concretó.

“El alquiler de viviendas turísticas es una de las figuras alojativas más demandadas por los viajeros de todo el mundo, por lo que prohibirlo no es el mejor camino a seguir y sólo provocará más economía sumergida. El resto de Comunidades Autónomas están, poco a poco, incorporando la figura de la vivienda turística en sus reglamentos, ofreciendo seguridad y calidad a los viajeros. Por tanto, esta decisión del Ayuntamiento de Palma es un paso atrás”, destacó Ucha.